Las autoridades de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos son profesionales con formación y conocimiento.
Saben que el déficit no es de la Caja sino, en todo caso, son faltantes de dineros de la Caja de los que se apodera el Estado Provincial.
Conocen bien que todos los contratos de obra, de todas las instituciones, organismos y administraciones centrales municipales y provinciales –cualquiera sea el instrumento utilizado en la maniobra evasiva-, representan relaciones de dependencia laboral entre el trabajador y el estado, y por lo tanto alcanzado por las obligaciones previsionales de rigor.
No cumplirlas, no solo que constituye una evasión y violación de las normas laborales y previsionales –con el agravante que quien lo comete es justamente su autoridad de aplicación-, sino que van devengando y acumulando una deuda millonaria que es obligación del organismo previsional exigirlas y cobrarlas.
Lo mismo sucede con los rubros remunerativos planteados como suma fija o en negro, mal llamados "no remunerativos", que igualmente deben liquidar y aportar las obligaciones sociales y previsionales correspondientes.
Si por una decisión -incorrecta e ilegal- del Estado, comete la irregularidad de privar de estos fondos al sistema jubilatorio, lo hacen sabiendo que tal decisión representa una maniobra ilegal, teniendo como consecuencia directa el desfinanciamiento del Sistema Jubilatorio y la precarización, desprotección y el abandono previsional y social del trabajador.
Ésto lo saben muy bien quienes manejan las finanzas del estado y los sistemas previsionales. Se ha establecido una deuda que se acrecienta en volúmenes mensuales y anuales exorbitantes, bajo la complacencia de las autoridades de la Caja y con total desaprensión por asumir su responsabilidad de controlar y recaudar.
Ellos saben también que el incremento real de los trabajadores activos, muchas veces ocultos bajo sistemas de precarización evasiva, sostiene una sustentable relación de proporcionalidad con la evolución cuantitativa de pasivos.
Si el Estado se sigue apoderando de los aportes previsionales correspondientes por cada peso remunerado, cualquiera sea la forma de precarización contractual y/o denominación que se le imponga, sea cual fuera la cantidad de jubilados, sea cual fuera la edad de jubilación y sea cual fuera el tiempo que de pleno y esencial derecho humano les toca vivir a los jubilados, NUNCA ALCANZARÁ LA PLATA.
Porque la decisión inconfesable es utilizar la plata del sistema previsional con un destino que no es pagar las jubilaciones.
Es un problema de administración del Estado y no un problema de proporcionalidad entre activos y pasivos, planteado en base a datos falsos que omiten el personal que trabaja bajo contratos obra, planes sociales nacionales y provinciales diversos, rubros pagados sin aportes y otras precarizaciones y neosistemas de explotación laboral utilizados.
Si la administración Estatal y previsional no es legal ni eficiente, se deberán asumir las responsabilidades políticas y administrativas que correspondan, adoptar las medidas correctivas y bajo ningún aspecto, trasladar las consecuencias de estos desatinos a las espaldas del jubilado o trabajador.
Y por favor. Un poco de sensibilidad humana. No salgan más a desear que los jubilados vivan menos para ajustar sus déficits.
No cometan la crueldad de ser cómplices de un saqueo más al bolsillo flaco y angustiado del jubilado o el trabajador.
Confiamos en nuestros Gobernantes, legisladores y en los compañeros representantes de las Organizaciones de trabajadores y jubilados.
Van a estar como siempre a la altura de su honor y su grandeza.
De esta epopeya histórica que está devolviendo la dignidad a cada entrerriano.
